Editorial – Diciembre 2020
Copamiento morado pone en peligro la transparencia de las elecciones generales
Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general del PCP
La vacancia por incapacidad moral del expresidente Vizcarra, por el voto mayoritario de 105 congresistas, hizo que Manuel Merino asumiera la Presidencia de la República, con los procedimientos del Congreso y la Constitución; pero casi en automático, en el marco de una impresionante cobertura de los grandes medios de comunicación —prensa, radio y TV— se desató una desbordante movilización social, que culminó con la renuncia de Merino a seis días de asumir el cargo.
En medio de acusaciones de golpistas contra los congresistas que votaron por la vacancia de Vizcarra, la bancada minoritaria del Partido Morado asaltó el poder. Luego de tumbarse la mesa directiva del Congreso que presidía la Sra. Rocío Silva del Frente Amplio, quien debía reemplazar a Merino, fue “terruqueada” de “roja”, obligando la renuncia de toda la mesa para elegir otra, a la medida de los “golpistas morados”, empoderados con la calle.
La ambición de poder fue tal que se presentó una lista cerrada de cuatro congresistas morados con Sagasti a la cabeza, hecho que no fue aceptado proponiéndose otra lista combinada, que aseguró el camino al sillón presidencial a Francisco Sagasti, que favorece el continuismo del modelo económico neoliberal y la vigencia de la Constitución de 1993. No importó las muertes de los dos jóvenes Inti y Bryan, fue suficiente invitar a sus familiares a la juramentación del presidente morado. Exigimos que se haga una seria investigación y se sancione a los responsables de la violencia criminal, venga de donde venga.
Conforme pasa el tiempo, se van conociendo pistas de una “gran conspiración”, que apunta a los dueños de la plata, de los medios de comunicación aceitados por el vizcarrismo, de las ONG que alimenta el sionista George Soros; a las agencias de inteligencia que quieren lucrar con la seguridad ciudadana, municipalizando la Policía Nacional y el consiguiente negocio de equipos de vigilancia, que soterradamente están vendiendo en distritos de Lima y en regiones y municipalidades del país.
Tener a un “populista” en el sillón presidencial resultaba una gran incomodidad, era mejor un militante de las “sociedades abiertas”, especialista en “guerras psicológicas, en destruir las identidades nacionales y debilitar los Estados, para forjar el gobierno mundial.
El sector “caviar”, hoy base política y social del Partido Morado, a quienes de manera equivocada se le atribuye ser parte de la izquierda peruana, está integrado por tecnócratas de la clase media alta que se han formado en universidades de élite, tanto nacionales como extranjeras, y han penetrado la administración pública, en avalancha desde la época de Alejandro Toledo, para actuar como cuadros funcionales del capitalismo mundial.
Hoy se encuentran ubicados en cofradías familiares, en el aparato estatal, o son funcionarios en organismos internacionales; en los grandes medios de comunicación nacional; integrando ONG para contaminar a las organizaciones de trabajadores y del pueblo. En sus hojas de vida (CV) no falta el diploma de USAID, la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que funciona en cada embajada norteamericana y financia a grupos de ONG y “colectivos” para desestabilizar a los gobiernos que no son seguidores de las directivas del imperio.
El “caviarismo” fomenta la atomización de las organizaciones políticas y sociales a través de la proliferación de ONG y de los llamados “COLECTIVOS”, con clara posición anticomunista y proimperialista. Muchos de ellos actúan como topos dentro del espacio político de las fuerzas de izquierda que participarán en las elecciones de abril de 2021.
Las luchas del pueblo
Desde abril los trabajadores están en pie de lucha en todo el Perú, cuando se iniciaron los despidos masivos de trabajadores, amparados en la farsa de la “suspensión perfecta” que el Gobierno de Vizcarra concedió a las grandes empresas, además de otorgarles 60 mil millones de soles para que pudieran reactivar la producción, sin despedir a los trabajadores.
Los sindicatos de la salud, construcción civil, las centrales sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), desde junio han realizado jornadas nacionales en las que participan sectores del campo y organizaciones sociales de base, que reclaman al Gobierno Central atender sus necesidades básicas: agua, alcantarillado, puentes y carreteras que unan a los centros poblados. Se suman las movilizaciones contra la escandalosa corrupción de funcionarios públicos en las compras para atender la lucha contra la pandemia.
El pueblo está permanentemente en lucha, en las zonas de la Amazonía, contra la contaminación de los ríos por los derrames de petróleo de las empresas transnacionales; los agricultores reclamando financiamiento y canales de distribución de sus productos; los trabajadores de la construcción demandan el reinicio de las obras de infraestructura paralizadas por la pandemia; en Lima se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo y en el resto del país, 3,5 millones.
Existen razones para que el pueblo tome las calles y exprese su descontento. La juventud sin trabajo, los estudiantes que han perdido el año escolar y los universitarios sin dinero para pagar sus estudios. Hay hartazgo contra los políticos que nos gobiernan en todos los niveles del Estado, pero la prensa no da cobertura de estos problemas nacionales porque los grandes medios de comunicación están monopolizados en un 80 por ciento y defienden los intereses de los grupos económicos, que tienen el poder real.
El Congreso, presidido por Manuel Merino, promulgó leyes por insistencia y otras que el Ejecutivo calificó de inconstitucionales, y que el Partido Morado, opuesto a la vacancia constitucional de Martín Vizcarra, ha logrado parar o entorpecer y continúa haciéndolo desde el Ejecutivo, como la eliminación del régimen laboral del CAS, la devolución de aportes de menos de 20 años a la ONP, entre otros.
Las movilizaciones seguirán expresando la indignación por las erráticas medidas del expresidente Martín Vizcarra para combatir la pandemia, cuya estrategia de cuarentena desproporcionada ha hecho colapsar la economía del país cuya caída del PBI en este año es de 13%, uno de los más altos en el mundo. Las luchas de los trabajadores de la agroindustria que lograron la derogatoria de la ley 27360, del sector Salud, de las comunidades mineras de Las Bambas, la huelga de hambre de los aportantes de la ONP, las movilizaciones de los mineros de Casapalca y de La Oroya, seguirán abonando la lucha social que tendrá que resolver el presidente Francisco Sagasti.
El Gabinete Violeta Bermúdez
Para solicitar el voto de confianza, la presidenta del Consejo de Ministros explicó ante el Congreso de la República los objetivos que se propone alcanzar el Gobierno de transición y emergencia de Francisco Sagasti, estando a cuatro meses de las elecciones generales y a siete meses del bicentenario de nuestra independencia.
Las líneas maestras para la gestión de este gobierno de transición y de emergencia se resume en cinco puntos: 1. Elecciones, neutralidad y transferencia ordenada; 2. Lucha contra la pandemia; 3. Reactivación económica; 4. Educación para todos nuestros estudiantes; 5. Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Asimismo, orientar la política del gobierno en algunas materias transversales como: la seguridad ciudadana, la igualdad de oportunidades y no discriminación; y la ciencia, tecnología e innovación.
A simple vista, las propuestas resultan ambiciosas para el corto periodo de gobierno, más aún con la crisis en el Ministerio del Interior, donde en menos de dos semanas han pasado tres ministros, y la crisis en el ámbito de la inteligencia nacional (DINI).
Crisis policial y del MININTER
La crisis en la PNP, por el descabezamiento ilegal de 18 generales por el exministro Rubén Vásquez, quien duró dos semanas en la cartera de Interior; luego el ministro Clúber Aliaga Gral. PNP (r), quien renunció a los 5 días por considerar que había que corregir el atropello legal contra los altos oficiales de la PNP, posición con la que la ministra Bermúdez no está de acuerdo ni el presidente Sagasti. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado señalando que se ha vulnerado la Ley de la PNP, igualmente el Colegio de Abogados.
Ha tomado juramento como nuevo ministro del Interior el Sr. José Élice Navarro, funcionario público en el Congreso de la República, pero sin experiencia en el sector policial e inteligencia, y últimamente secretario de la Presidencia; pariente del congresista morado Gino Costa, a quien sindican como la mano que opera en el Ministerio del Interior, junto a Carlos Basombrío Iglesias, exministro del Interior; Rubén Vargas, exministro del Interior, quien antecedió al Gral. PNP (r), y Valdez; cuatro integrantes, a lo que el Coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, fundador del GEIN, denomina el “Poder Civil” dentro del Ministerio del Interior. A la crisis en el Ministerio del Interior y en los mandos de la PNP, se agrega la renuncia del director de la DINI (antes SIN), y quien lo reemplazaría sería el Gral. (r) César Cortijo, candidato del Partido Morado.
En las dos semanas de gestión, el ministro Rubén Vargas implementó en la PNP la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que prevé movilizar entre 50 y 100 gerentes públicos para que laboren en unas 15 unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), según los requerimientos del Ministerio del Interior (Mininter), en aras de lograr la modernización institucional para beneficio de la ciudadanía. SERVIR manejará la PNP para posicionar al Partido Morado en el control del MININTER.
Se conoce que existe la corriente de convertir a la PNP en una fuerza policial municipal a cargo de los alcaldes de turno; sus promotores son el llamado “Poder Civil”, vinculados a la inteligencia israelita, con quienes habría negocio de por medio con respecto a la asesoría en inteligencia y seguridad ciudadana, un proyecto que ha venido desarrollándose en diversos lugares al interior del Perú. No olvidemos que durante el gobierno de Toledo el jefe de la Seguridad de Palacio de Gobierno fue un exoficial del MOSAD, que resultó comprometido en las coimas del expresidente Toledo.
En Lima, la empresa “Desarrollos Terrestres” de Alejandro Garzaro está equipando de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de tecnología israelita, en varios municipios de la capital; por declaración del exalcalde de La Victoria George Forsyth, la comuna victoriana adquirió 180 cámaras con reconocimiento facial a fines de 2019, igualmente la Municipalidad de San Borja, Surco, La Molina, San Luis, San Martín de Porres, etc. En el lugar donde se produjo los dos muertos —en la interceptación de Av. Abancay y Colmena— el alcalde metropolitano Jorge Muñoz dio la explicación que las cámaras estaban en “mantenimiento” hacía varios meses, ¿serán del mismo proveedor? Por coincidencia.
Son muy ilustrativas las declaraciones del fundador del Partido Morado, el Sr. Guzmán, para la TV de Israel, en 2016, donde ofrece el Perú como una plataforma de expansión económica y tecnológica del Estado sionista, para influir en la zona de América del Sur. Todo parece apuntar a la estrategia geopolítica de controlar a nuestros países.
https://www.youtube.com/watch?v=lQ70Wovq_CI (declaraciones de Guzmán).
Copamiento morado del sistema de inteligencia
El gobierno de Sagasti debe garantizar la transparencia de las elecciones, sin embargo, aparecen amenazas contra un proceso electoral transparente. Partiendo que el propio presidente aún sigue en la plancha morada como candidato a la 2° Vicepresidencia de la República; no es necesario esperar febrero para renunciar. De otra parte, ha causado malestar que hayan designado nuevo ministro del Interior a José Élice, primo del congresista morado Gino Costa, y candidato del Partido Morado por Lima en la anterior elección; igualmente el nuevo director de la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) propuesto, el Gral. (r) César Cortijo, quien fue otro candidato morado.
Estos hechos totalitarios que instrumenta el candidato Julio Guzmán, servil a los intereses sionistas, no ayudan al proceso democrático que demandan los ciudadanos. El presidente Sagasti debe transparentar su gobierno; ya se han presentado denuncias de candidatos sobre manipulación de las encuestas y que serán utilizadas la red nacional de tenientes gobernadores, subprefectos que dependen del Ministerio del Interior
