Congreso aprueba ley que desnaturaliza la “colaboración eficaz” a fin de lograr impunidad
La congresista Maria Teresa Cabrera Vega del grupo parlamentario PODEMOS presentó el proyecto de Ley N° 565/2021-CR que modifica los art. 473°, 476° – A y 481° – A del Código Procesal Penal. Dicho proyecto de ley fue archivado en octubre del 2022 con 39 votos a favor y 54 en contra, pero gracias al pedido de reconsideración del congresista Américo Gonza Castillo de la bancada Perú Libre y a su vez Presidente de la Comisión de Justicia, logró que se viera y se aprobara en la segunda legislatura ordinaria 2022-2023 del 22 de junio de 2023 con 83 votos a favor y 27 en contra, además de exonerarlo de una segunda votación para ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La aprobación de la autógrafa de Ley N° 565/2021-CR ha generado un sinnúmero de críticas al cual se sumado la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien señala que “Definitivamente, ataca directamente al instituto de la colaboración eficaz. El principal cambio que trae esta ley es el asunto del plazo corto que ha impuesto para los procesos de colaboración eficaz (8 meses, como máximo); pero este plazo está de espaldas a cómo se viene aplicando los plazos en el proceso de colaboración eficaz, actualmente. De espaldas a la realidad”.
El proyecto aprobado en el Congreso que modifica la “colaboración eficaz” busca limitarla y hacerla ineficaz en su aplicación pues la desnaturaliza en su fin. Primero, para la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración otorga el plazo de 08 meses, vencido el plazo bajo causas justificadas otorga un plazo adicional de 04 meses y para casos de crimen organizados se prorroga hasta 08 meses. Segundo, prohíbe corroborar la declaración de un aspirante a colaborado eficaz con las declaraciones de otros aspirante al mismo beneficio.
La autógrafa maniata a la Fiscalía para seguir llevando adelante las diligencias de verificación a los aspirantes a colaboradores siendo todos los beneficiados responsables de delitos y quien negocie primero obtiene beneficios. Pero la modificación legislativa pone en peligro especialmente más de 50 procesos por delito de corrupción en la administración pública debido a la venta o tráfico del servicio público y delitos de crimen organizado especialmente el narcotráfico, buscando generar la modificación al aplicarse el archivamiento de los procesos y con ello impunidad por falta de plazo para verificar o corroborar las declaraciones.
Teniendo el actual Congreso numerosos congresistas con denuncias y procesos en trámite que son investigados e involucrados por declaraciones de colaboradores eficaces y se agrega a ello los partidos políticos encabezados por el fujimorismo que tuvo sentencias condenatorias por asesinato en los casos Barrios Altos y Cantuta, allanamiento, compra de líneas editoriales, compra de congresistas tránsfugas, diarios chicha, CTS a Montesinos, ahora se suman los iniciados por la Fiscalía que acusan a Keiko Fujimori por la comisión de los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica; no cabe duda que la autógrafa tiene nombre propio, siendo esto un acto más dentro de todo el entramado político armado por las diferentes bancadas políticas en alianza que buscan como principal objetivo la impunidad.
S.N. de Prensa y Comunicaciones
