El pueblo peruano apuesta por el cambio
El 26 de enero, el pueblo peruano votó por el cambio, expresando su profunda indignación y el rechazo a los partidos políticos que durante décadas gobernaron al país festinando sus riquezas naturales en beneficio de la oligarquía y los monopolios nacionales y extranjeros, empobreciendo a millones de peruanos en todos los aspectos: económicos, sociales, culturales, morales, etc.
El rechazo ha sido severo para las organizaciones políticas de la derecha conservadora, comprometidas con la corrupción; así, el fujimorismo, representado en Fuerza Popular, después de constituir la fuerza congresal mayoritaria en las elecciones de 2016, ha quedado reducido en el nuevo Congreso; el Apra, dos veces Gobierno y la fuerza política gravitante en la historia de la vida parlamentaria del Perú, resultó sin representación, igual el PPC; Solidaridad Nacional y Contigo (PPK), con toda la petulancia del fundamentalismo neoliberal, fueron ubicados en la culata de las 21 organizaciones políticas que participaron en la contienda.
El sector de la izquierda, en toda su extensión, fue sancionado con el voto, por ser incapaz de construir un frente político-electoral de ancha base, con propuestas políticas unitarias y un liderazgo común; se impuso la política de la “argolla propia”. El Frente Amplio, luego de ser la segunda fuerza electoral en los comicios de 2016, logró el último lugar entre las nueve partidos que tendrán representantes en el Congreso de la República; Juntos por el Perú, frente en el que participó el PCP, se quedó en el umbral de la valla electoral.
Al margen de las sumas y restas de lo mejor que hubiera sido participar en una fórmula unitaria, asumimos el compromiso de respaldar las acciones comunes con el FA, desde nuestras trincheras de lucha, persistiendo en la unidad que el pueblo nos demanda.
El resultado electoral arroja un mayor número de fuerzas políticas representadas en el Congreso, que tendrán que consensuar acuerdos dentro de un cronograma ajustado, como modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica Electoral, que vence el 11 de abril; de no lograse en ese plazo, las reformas electorales no entrarían en vigencia para las elecciones de 2021, surtirían efecto en 2026.
Que haya parlamentarios electos sin experticia en los quehaceres de legislar será algo a tener en cuenta. Sin embargo, la presión de la opinión pública que tendrán los partidos representados en el parlamento, con miras a las elecciones generales, abona al compromiso institucional para lograr un mejor desempeño y obtener réditos políticos para las elecciones generales de 2021.
El nuevo Congreso tendrá que culminar las reformas políticas y del sistema judicial, que se votó en el referendo de diciembre de 2018; el obstruccionismo político del fujiaprismo y el blindaje a los “Cuellos Blancos” impidió que se hiciera. Primero deberá revisar las reformas aprobadas por el Congreso disuelto.
En el caso de la ley de inscripción y cancelación de los partidos políticos, se debe precisar con claridad que se pierde la inscripción por las causales señaladas en la ley, para cualquier tipo de elección parlamentaria, sea en elecciones generales o no.
En el caso de las elecciones internas, es imprescindible eliminar la segunda disposición complementaria y transitoria que busca, para 2021, que a los partidos inscritos no se les aplique la ley y a los nuevos sí, creando dos categorías de partidos, beneficiando a los ya inscritos.
Sobre la ley referida al sistema electoral nacional, resulta urgente precisar la eliminación del voto preferencial, la mantención de la cifra repartidora e incorporar el párrafo eliminado sobre el voto de los peruanos en el extranjero.
En lo que respecta a la ley sobre financiamiento, en donde solo se ha incluido la figura penal, es necesario completar con los artículos referidos al control y la transparencia. Finalmente, se deben aprobar los proyectos de ley referidos a las elecciones regionales y municipales de 2022 y las autoridades al Parlamento Andino. Estas tareas son imprescindibles para llegar en mejores condiciones al bicentenario, con instituciones políticas estructuradas y fortalecidas.
Está por revisar los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo durante los últimos meses. Muchos de ellos están siendo cuestionados por considerarse “inconstitucionales” y sesgados a los intereses de poderosos gremios empresariales como la CONFIEP, dispuestos a profundizar el continuismo neoliberal que ha fracasado en el Perú y en otros lugares del continente como en: Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Haití, donde gigantescas movilizaciones de los pueblos exigen la cancelación del régimen neoliberal y el cambio de las Constituciones que le dan el soporte jurídico.
En el caso peruano, no bastan las reformas políticas. Para salir de la profunda crisis estructural que padecemos, los verdaderos cambios de fondo requieren de dotar al Estado de una nueva Constitución Política, que nos permita erradicar las injusticias.
Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario General
