Luchando por la vida, derrotemos a la oligarquía entreguista
Luchando por la vida, derrotemos a la oligarquía entreguista
Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general del PCP
La propaganda imperialista difunde a través de los medios de comunicación la idea de que la crisis actual es producto de la pandemia del COVID-19, cuando lo real es que el mundo ya se encontraba en crisis financiera y económica, tal como lo indican las cifras de las principales bolsas de valores del globo. La recesión tocaba la puerta el 2019 a las llamadas potencias económicas y países desarrollados, ahora la amenaza se ha multiplicado y la quiebra de empresas es una realidad, con efecto dominó de la actividad productiva hacia la banca, incrementándose el desempleo y la lucha de clases.
El COVID-19 evidenció las precariedades del sistema capitalista, basado en la “iniciativa individual” a costa del empobrecimiento de la mayoría. La crisis sanitaria develó inicialmente la precariedad del sistema de salud, pero en la medida que avanzó el problema también reveló las falencias del sistema educativo, de protección del trabajo y en los programas de protección social; por lo tanto, esta nueva situación no exige al mundo el retorno a una “nueva normalidad”, sino la construcción de un nuevo orden mundial centrado en la solidaridad y en una adecuada atención de las principales necesidades humanas a través de sistemas públicos, para lo cual es necesario un cambio radical y el fortalecimiento del Estado cuya prioridad sea el ser humano y no la protección de la riqueza de los monopolios y oligopolios.
La crisis política y moral en nuestro país, que se expuso en 2019, no concluyó con las elecciones de enero de 2020, sino que asumió nuevas formas, evidenciadas en la corrupción público-privada desde las estructuras básicas del Estado: (municipalidades distritales, comisarias, centros de salud) y de sus organismos sectoriales.
El estado de emergencia sanitario
El estado de emergencia sanitario e inmovilización social (toque de queda) puso en evidencia las deplorables condiciones del sistema sanitario y educativo del país como consecuencia de 30 años de aplicación de políticas neoliberales en los sectores “no productivos”: educación, salud, previsional, banca de fomento, programas de vivienda, cultura, etc.
Esta situación de crisis sanitaria se evidencia en la ausencia de la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia; la falta de equipamiento médico como las camas UCI dotadas de respiradores y de oxígeno medicinal, la carencia de medicina básica en los circuitos monopólicos de farmacias.
En el mensaje del 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra señaló que se había cumplido con abastecer al país de 25 productos genéricos, pero no indicó que los genéricos abarcan a más de 900 que la industria farmacéutica se niega a ponerlos al servicio del pueblo. En Europa, el consumo de genéricos es el 70%, acá es al revés, los pobres pagamos la medicina más cara del mundo.
A ello se suma la carencia de los medicamentos básicos prescritos para contrarrestar los síntomas del COVID-19, debido al desmantelamiento de la industria farmacéutica nacional en beneficio de las grandes corporaciones importadoras de medicamentos y monopolios de boticas y farmacias que hemos denunciado, el abuso de las clínicas privadas. A ello, agregamos las pésimas condiciones laborales y sanitarias del personal médico y asistencial, agravada por el despido del personal CAS, tercerizado, por el aislamiento voluntario del personal médico y asistencial por COVID-19 y por la deserción de personal sanitario ante la falta de condiciones mínimas de trabajo y el pago de remuneraciones.
En igual dimensión, se ha evidenciado la crisis del sistema educativo peruano (público y privado). Al compás que la crisis sanitaria se demostró el calamitoso estado de la sanidad pública en 30 años de neoliberalismo, y el abandono del sistema educativo nacional (público y privado), donde el 70% de los colegios públicos carecen de la infraestructura y equipamientos suficientes para afrontar la teleeducación o educación a distancia; así mismo, el 90% de colegios privados carecen de infraestructura, equipamientos y plataformas para asegurar la eficiencia de la educación a distancia ocasionando su quiebra y el traslado de los alumnos a colegios del sector público.
Las medidas de contención de la pandemia dictada por el Gobierno, como el estado de emergencia sanitario e inmovilidad social obligatorio, han traído como secuela la paralización inicial del 70% de los sectores productivos y de servicios generando desempleo. La pandemia ha agudizado la contradicción capital-trabajo que se ha hecho evidente en la caída progresiva de los salarios reales y del desempleo; de marzo a julio, solo en Lima y Callao se han perdido tres millones de puestos de trabajo, y en provincias, dos millones. Martín Vizcarra terminó por claudicar ante las exigencias de la CONFIEP, dejando sin efecto las disposiciones laborales del D.U. N° 29-2020, dando luz verde a la suspensión perfecta de labores, en la perspectiva de “salvar” el modelo neoliberal que ha dejado al país inerme ante la pandemia del COVID-19.
El D.U. N° 038-2020 va más allá de los alcances del artículo 15° del TUO D. Legislativo N° 728, ya que autoriza a las patronales a suspender el vínculo laboral de los trabajadores mayores de 60 años, con lo que precariza aún más las condiciones de subsistencia de los trabajadores, y faculta a las patronales a adoptar medidas para el despido, lo que es una expresión del sometimiento del Ejecutivo a la CONFIEP y a los grupos de poder económico que controlan y corrompen las estructuras del Estado, menoscabando los derechos fundamentales de los trabajadores.
Hemos exigido que la reactivación económica se determine por la curva descendente de los contagios y fallecimientos y no por criterios económicos pautados desde la CONFIEP, garantizando para ello los medios de subsistencias de las familias de los trabajadores independientes, informales, despedidos o desamparados como los de construcción civil condenados a la miseria por la paralización de las obras; de los trabajadores del campo sometidos al discriminatorio “régimen agrario”; así como de la salud y la limpieza pública, entre otros.
No es necesario describir las secuelas que está produciendo la pandemia del COVID-19 en la sociedad peruana, el empleo, la economía y la configuración de la llamada “nueva normalidad” (en tanto no se descubra una vacuna eficaz), que se ha de caracterizar por la recesión económica prolongada, incremento acelerado del desempleo hasta alcanzar los nueve millones en 2021, el desplazamiento de nuevas fuerzas laborales a la informalidad, la agudización de la precarización laboral, ante la escasa oferta laboral formal.
Reforma del sistema sanitario nacional
Las falencias sanitarias demandan la organización de un sistema de salud comunitario que integre a la población organizada y unifique los sistemas sanitarios de EsSalud, MINSA, FF. AA. y FF. PP. y a las facultades de Medicina y de Trabajo Social de las universidades públicas, acompañados de un incremento sostenido del presupuesto público, a fin de garantizar un sistema eficiente que se sustente en la independencia científico-tecnológica orientado a la prevención y al desarrollo de la investigación e industria químico-farmacéutica, que nos permita enfrentar situaciones de emergencia actuales y futuras.
En su último mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra dijo que el Presupuesto General de la República 2021 destinará cerca de S/ 20,000 millones (veinte mil millones de soles) al sector Salud, lo que, según afirmó, era la “mayor inversión en la historia”.
Si comparamos la cifra de este anuncio con el presupuesto para este año 2020, tenemos: según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el financiamiento de la función de Salud es S/ 18,495 millones (dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco millones de soles). Para el 2021, según el presidente Vizcarra, el incremento solo es de S/ 1,505 millones. Esto, en términos de porcentaje, es un aumento de 8,13%, respecto al año anterior. El anuncio de Vizcarra es incluso menor al realizado entre el 2018 y 2019. En el 2018, el presupuesto público para la salud pasó de S/ 16,028 millones a S/ 18,217 millones, un incremento de S/ 2,189 millones y un aumento de 13% respecto al año anterior. En términos del PBI es del 2.2% en 2019 y en 2020 el 2.5%, nada significativo.
Gabinete delivery de la CONFIEP
El nuevo Gabinete ya anunció su línea maestra para la reactivación económica: “que el Estado no puede seguir repartiendo bonos” y que la “prioridad es destrabar las inversiones para generar empleo” (Gestión, 16-02-20), música celestial para la CONFIEP y para el gran capital de la minería, que buscan rebajar estándares ambientales y derechos de las comunidades. El presidente dio un anuncio “refrito”: será una inyección de 57 mil millones de dólares para la minería, pero no dice que se hará cuando miles de peruanos hayan sido enterrados por el COVID y la hambruna; la reactivación no es inmediata.
En 20 años de boom minero, estas empresas casi no pagaron impuestos, pues tuvieron miles de millones en exoneraciones. Los principales ingresos del Presupuesto de la República provienen de impuestos indirectos, IGV, ISC y otros que pagamos los ciudadanos de a pie.
Entre los años 2005 y 2016, por depreciación acelerada y devolución anticipada de IGV en etapa de exploración, por esos dos conceptos —de un total de diez—, las mineras dejaron de pagar a la Sunat S/ 609 mil millones de soles.
La inversión en minería sería beneficiosa para el país si ingresaran divisas. Hay tres requisitos que se cumplen en todo el mundo, menos en el Perú:
- a) Que no destruyan el medio ambiente ni la agricultura,
- b) Que respeten el derecho de las poblaciones y
- c) Que paguen impuestos.
Los conflictos sociales se han duplicado
La situación es extremadamente grave, pero Vizcarra y su flamante Gabinete juegan a contentar a la CONFIEP y apuestan por continuar con el diseño económico seguido hasta hoy por el MEF, que nos han conducido a la situación actual.
De esta no salimos si no se orientan los recursos para generar empleo. Sin empleo no hay demanda y sin demanda no hay producción; es elemental. De las empresas de la CONFIEP dependen un millón de trabajadores (no sabemos cuántos han despedido); del Estado, un millón cuatrocientos mil; pero de las MYPES, del agro y del turismo dependen 12 millones de personas, esa es la realidad. La Reserva Nacional de Paracas, segundo destino turístico del Perú, está en peligro; la gran minería quiere un megapuerto para sacar sus concentrados de minerales por la Bahía de Paracas. Pretender acallar las protestas con represión no es lo democrático, menos cuando la indignación del pueblo crece por la inoperancia del Estado, el abuso de la oligarquía financiera y los hechos de corrupción de personajes vinculados al sector “privado”, empresarios, políticos y estudios de abogados.
Para los trabajadores, y grandes sectores sociales del campo y la ciudad, el panorama político de corto y mediano plazo se presenta complejo: con un nuevo Gabinete que encarna el neoliberalismo, en medio de la escalada de la crisis sanitaria, laboral y social; a las fuerzas del cambio le corresponde asumir iniciativas de luchas, además de las jornadas nacionales convocadas por la CGTP y el movimiento sindical programadas desde junio a diciembre: tenemos que redoblar esfuerzos para construir la unidad de las fuerzas políticas y sociales en luchas puntuales como: 1) La defensa de la vida y la salud; 2) La reactivación de la economía, que genere empleo masivo y con derechos: la construcción, la agricultura, la pesca, la inversión minera sin flexibilizar la licencia social, que proteja el medio ambiente.
La lucha política de masas por la defensa del trabajo y contra la corrupción
Como podemos interpretar, la estrategia del régimen de Martín Vizcarra de salvar el modelo económico se orienta a cargar la crisis sanitaria en las espaldas de los trabajadores, por lo que corresponde presionar a la cúpula del poder a fin de impedir que sigan cercenando los derechos a los trabajadores y se mantenga en el abandono al pueblo más desprotegido. El actual Congreso de la República debe avanzar en aprobar leyes que protejan al pueblo, de la usura bancaria, la reforma pensionaria, etc.
Impulsar la unidad política y electoral de las fuerzas sociales del cambio
Este tema nos obliga a una reflexión crítica frente a los resultados electorales del 7 de octubre, en donde los partidos de izquierda fueron relegados por la voluntad popular, por sus prácticas sectarias de viejo estilo y nuevos actores, lo que nos exige reafirmarnos en nuestra vocación unitaria para la necesaria confluencia de todas las fuerzas de izquierda y progresistas en un proyecto unitario sustentado en un programa y en una visión de país a mediano y largo plazo. Nuestro Partido insistirá en la unidad sin exclusiones de las fuerzas políticas de izquierda y del progresismo que se identifiquen en la lucha por una nueva Constitución, contra la corrupción y contra el neoliberalismo.
