[Convocatoria] 3° Encuentro de la Asamblea Nacional de los Pueblos

NUEVO PACTO SOCIAL POR LA VIDA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Para derrotar la pandemia y superar la grave crisis nacional:

Hace más de dos años, la Asamblea Nacional de los Pueblos se reactivó a partir de la confluencia de organizaciones sindicales y campesinas, de jóvenes y feministas, de pobladores urbanos y pueblos originarios, para luchar contra la corrupción y las políticas neoliberales. Hoy, tras siete meses de emergencia sanitaria y social, decretada a raíz de la pandemia global del COVID 19, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y llamamos a construir un gran acuerdo político nacional y popular que convoque a trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, a comuneros y pueblos indígenas, a jóvenes y mujeres de diversa condición, a quienes reivindican la diversidad LGTBIQ, a ciudadanas y ciudadanos en general. Los convocamos a unirnos en torno a una plataforma común que de salida a la actual crisis y siente las bases para un nuevo pacto social que nos enrumbe por una ruta alternativa a la que nos ha llevado al borde la catástrofe humanitaria.

La pandemia del coronavirus tiene su origen –al igual que varias epidemias de las últimas décadas (VIH, Ébola, SARS, etc.)- en la agresiva colonización de los últimos rincones del planeta con un modelo depredador y extractivista. Su rápida expansión ha sacado a la luz las profundas contradicciones de la globalización neoliberal: la ausencia de controles sanitarios efectivos para la circulación de personas y bienes materiales, la fragilidad de las cadenas globales de valor, la precariedad de los sistemas de salud, debilitados sistemáticamente por las privatizaciones, y sobre todo, la enorme precariedad social que ha llevado a que en pocas semanas el desempleo, la pobreza, la violencia de género y las desigualdades hayan crecido aceleradamente en todo el planeta. Sin duda vivimos un cambio de época, están en crisis los fundamentos mismos de la civilización actual. Los gobiernos inicialmente se vieron obligados a recurrir a medidas extremas de aislamiento social y a intentar paliativos económicos para evitar que la epidemia desborde y lleve al colapso a los frágiles sistemas de salud. Sin embargo, las presiones de los grandes empresarios han llevado a procesos de reapertura económica que han derivado en incrementos de las infecciones tal como ha sucedido en nuestro país a partir de mayo, y en países europeos en las semanas recientes. Más allá de los desiguales resultados nacionales, se presagia una crisis prolongada con sucesivas oleadas de la epidemia y con una recesión económica no vista desde la histórica crisis de 1930.

En el Perú, en el contexto del fracaso del modelo capitalista neoliberal y la cultura individualista y competitiva que lo acompaña, las políticas del actual gobierno no han podido frenar la expansión de la pandemia con su correlato de muertes y empobrecimiento masivos. El gobierno de Martín Vizcarra, con el inicial respaldo de la población, dispuso la implementación del aislamiento social y la paralización de la mayor parte de la actividad económica. Estas medidas contribuyeron a que la epidemia no se transforme en miles de muertes en las primeras semanas. Sin embargo, no se logró el objetivo de frenar la velocidad de la expansión del virus. Y con ello, los servicios de salud comenzaron a colapsar de manera sucesiva en prácticamente todas las regiones del país (Loreto, Lambayeque y Piura, Callao, zonas de Lima Metropolitana, luego el Sur y la región Central).

Estamos pagando el costo de treinta años de privatizaciones, desregulación, desmontaje de los sistemas públicos de salud y educación, de masiva precariedad laboral. Más allá de la decisión inicial y la intención de ejercer liderazgo, el gobierno ha chocado con las enormes limitaciones del Estado, sistemáticamente debilitado y expoliado en las últimas décadas. Y no ha sido capaz de tomar medidas más radicales para encarar la emergencia sanitaria. Por otro lado, ha manejado los subsidios económicos a la población con una lógica de programa social focalizado –a través de bonos para las poblaciones en pobreza-, y no como política pública universal de compensación por los ingresos perdidos por la crisis. Más aún, ni siquiera ha logrado cubrir al conjunto de la población focalizada. A pesar de una Ley al respecto, los afiliados a las AFP no pueden retirar el 25% de sus depósitos. Simultáneamente, el gobierno habilita fondos a los bancos privados -60 mil millones de soles- para evitar la ruptura de la cadena de pagos de las empresas, sin poner mayores condiciones acerca del destino y condiciones de los préstamos con dichos fondos.

Las confrontaciones políticas que se suceden entre Ejecutivo y Parlamento como episodios de la crisis de régimen político, no son sino disputas al interior del mismo campo, el de quienes defienden el modelo vigente y terminan por someterse a los dictados de la CONFIEP. Como resultado de esto, alcanzamos la triste cifra de más de 33 mil fallecidos por COVID-19, cerca de 900 mil contagiados detectados y más de 8 millones de desempleados a nivel nacional.

Durante el primer mes de emergencia se perdieron miles de empleos por la no renovación de contratos temporales, a lo que siguió la “suspensión perfecta» de labores, propuesta por CONFIEP y aceptada por el gobierno, que permite a los empleadores enviar trabajadores a su casa sin pago de remuneraciones y sin garantías de retorno. Más recientemente les ha concedido implementar un cronograma apresurado de reapertura de las actividades económicas, sin consulta efectiva ni no participación fiscalizadora de las organizaciones sindicales a través de los Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo. Simultáneamente, el Gobierno se niega a atender las demandas de apoyo técnico, financiero y sanitario de parte de los productores agrarios quienes, en medio de la crisis, siguen garantizando la provisión de alimentos a la sociedad en su conjunto. Más de un millón de personas ha perdido el empleo solo en Lima, el 24.9% de los varones, es decir 666,400, y el 25.1% de las mujeres, 550,200 trabajadoras. El ingreso  se contrajo en 2,1% (37,6 soles) en los hombres; y el ingreso de las mujeres en 0,6%, (8,2 soles), esto debido a que el ingreso de las mujeres representa el 72,4% del ingreso de los hombres (INEI)  Si bien se ha conseguido una nueva legislación para las trabajadoras del hogar, que en el Perú representaban el 4.9% de la PEA,  al 27 de abril ya habían perdido el empleo el 33% del total.

La pandemia ha exacerbado exclusiones y desigualdades en nuestra sociedad. Ha desnudado la precariedad de los supuestos logros de las últimas décadas. La supuesta reducción de la pobreza se ha volatilizado en pocas semanas: la precariedad del trabajo y de los ingresos se ha hecho patente, millones de peruanas y peruanos han vuelto a la condición de pobres. Por otro lado, las medidas de confinamiento por la cuarentena han propiciado situaciones de violencia extrema y limitado el acceso de las mujeres a los servicios de salud, inclusive a la salud sexual y reproductiva, y a los de apoyo psicosocial y de justicia. A la fecha se suman alrededor de tres mil desaparecidas, 865 mujeres adultas[1], 2100 niñas y adolescentes (un promedio de 14 desapariciones diarias). De enero a agosto se han reportado un total de 78 casos de feminicidio. Además, están profundizando la crisis de los cuidados, especialmente para las mujeres de hogares con menores ingresos. Para las mujeres la crisis conlleva la difícil tarea de conciliar los esfuerzos por la supervivencia con el trabajo de cuidado no remunerado.

Particularmente delicada es la situación de los Pueblos Indígenas que han sido abandonados a su suerte, en sus territorios y en lugares de desplazamiento como Cantagallo en Lima, sin que se desarrollen a tiempo acciones de prevención y atención sanitaria con enfoque intercultural. Situación similar viven las poblaciones afroperuanas. También somos testigos de la desesperación de las personas privadas de libertad contagiadas en los penales, y de la situación cada vez más crítica de casi un millón de venezolanas en el país. La desatención a las personas y comunidades más vulnerables contrastan con el apoyo económico a los grandes empresarios que reinician sus actividades sin garantizar la seguridad de sus trabajadores y los entornos en los que operan, tal como sucede en la gran  minería y la pesquería industrial.

A pesar de la grave crisis nacional, la crisis política no ha dejado de tener nuevos episodios. Desde los primeros días se hizo evidente la falta de articulación entre los diversos poderes del Estado y entre los niveles nacionales, regionales y locales de gobierno. Esto ha facilitado la reiteración de episodios de corrupción. Un Congreso altamente fragmentado intentó aprobar algunas medidas cortoplacistas en función de algunas demandas de la población, siendo sistemáticamente bloqueado por el Ejecutivo. Esto derivó en un enfrentamiento abierto al no darle voto de confianza al gabinete pro-CONFIEP de Cateriano. Y luego con el intento fallido de vacancia promovido por una coalición de fuerzas de derecha.

No hay como encarar la grave crisis actual en el marco de las políticas que se han venido implementando en el país en las últimas décadas, se requiere un nuevo curso basado en un pacto social en torno a un modelo de desarrollo con justicia social.

Proponemos como base para un nuevo pacto social, los siguientes puntos:

  1. Priorizar el derecho a la salud y la vida de todas y todos los peruanos. Avanzar hacia un sistema unificado de salud, reformado y financiado, con plenos derechos laborales para sus trabajadores, que incluya la participación de la población organizada con enfoques de salud comunitaria, de género e interculturalidad.
  2. Garantizar la supervivencia sin riesgo de todas y todos en tanto dure la emergencia: Ingreso Mínimo Universal bajo la forma de un bono de mil soles a todos los ciudadanos mayores de 18 años en tanto dure la emergencia. Atender en particular las necesidades específicas de las personas más vulnerables, por ejemplo las que viven con algún tipo de discapacidad.
  3. Pleno respeto a los derechos laborales y promoción del trabajo digno. Cese de los despidos colectivos bajo cualquier forma, en particular los que afectan a las mujeres en la agro-exportación y en el trabajo en hogares. Formalización de las/os trabajadores/as de MYPE y auto-empleados en el marco de una nueva Ley General del Trabajo. Fortalecer las capacidades, competencias y recursos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la SUNAFIL.
  4. Reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud. Priorizar el apoyo a las PYME y micro-empresas. Protocolos sanitarios rigurosos, elaborados con participación de los trabajadores, que garanticen bioseguridad, los derechos laborales e integrales para los trabajadores/as. Instalación en todos los centros laborales (públicos y privados) de Comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación de los sindicatos. Reconocimiento de COVID 19 como enfermedad profesional.
  5. Priorizar la reactivación del sector agrario. Creación de un Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura Familiar, principal garante de la seguridad alimentaria del país. Promulgar una Ley de compras estatales que priorice a los productores nacionales. Reorganización del actual sistema de grandes mercados, promoviendo la descentralización. Establecimiento de un Comando de Emergencia Agraria que articule a los diversos sectores involucrados en el tema agrario, incluyendo a las mujeres productoras.
  6. Políticas públicas y participación ciudadana para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Conformación de un sistema integral público de cuidados, reconocimiento social, cultural y remunerativo del trabajo del cuidado. Garantía de los derechos de la comunidad LGTBI, en particular su derecho a la identidad.
  7. Reforma integral de la Seguridad Social en todos sus componentes con la participación de trabajadores y jubilados. Establecimiento de un sistema universal de pensiones basado en la solidaridad y con un criterio de reparto equitativo, que reemplace al régimen de las AFP. Pensiones dignas para los jubilados.
  8. Impuesto a las grandes fortunas, gravando ingresos y activos, para permitirle al estado hacer frente a la situación de emergencia. Cobro inmediato de las millonarias deudas tributarias de las grandes empresas. Reforma tributaria que acabe con las exoneraciones.
  9. Reconocimiento pleno y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incorporación de sus representantes en las instancias de decisión frente a la crisis para concertar y ejecutar estrategias y acciones diferenciadas en sus territorios. Suspensión de todo tipo de actividad extractiva en sus territorios en tanto dure la emergencia. Reconocimiento y atención a las demandas de las poblaciones afro-peruanas.
  10. Fortalecimiento de la educación pública, con enfoque intercultural, de género y de derechos, en función de garantizar el derecho a la educación de todas y todos los peruanos, particularmente los más vulnerables. Incremento del presupuesto para la educación, en especial la educación a distancia, reduciendo la brecha digital. Apoyo a las actividades culturales a través de medios abiertos y virtuales.
  11. Garantizar la continuidad de la reforma política a través de la renovación de los mecanismos de representación: fortalecimiento de la democracia interna de los partidos, eliminación del voto preferencial, paridad y alternancia y facilidades para el registro de nuevos partidos.
  12. Profundizar la lucha anticorrupción acelerando juicios y sentencias a los responsables del saqueo de los fondos públicos y por tanto de la crisis estatal que está cobrando vidas con la pandemia. Activar y ampliar mecanismos de fiscalización y vigilancia del gasto público en el contexto de la emergencia para prevenir y sancionar la reiteración de diversas prácticas corruptas.

13.- Iniciar la transformar de la estructura económica con enfoque productivo, intercultural, desarrollo sostenible y trabajo decente. Priorizar la diversificación productiva y el desarrollo regional.

14.- Impulsar mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base frente a la pandemia, con un enfoque que combine la construcción de Poder Popular y la constitución de un Sistema de Dialogo Social (vinculante) con autoridades locales, regionales y nacionales.

La Asamblea Nacional de los Pueblos hace un llamado a las organizaciones, a la ciudadanía en general, a involucrarse en construir este curso alternativo. La prédica individualista exacerbada de las últimas décadas ha debilitado el poderoso tejido social que construimos a lo largo de siglos de resistencia y lucha por la justicia social. Es el momento de reconstruirlo. Respetando la distancia social tenemos que mantener nuestros vínculos para estar alertas a la situación de vecinos, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, hermanos y hermanas de comunidad, etc. Tenemos que organizar colectivamente nuestra supervivencia cotidiana, garantizar la salubridad de los espacios comunes, controlar la movilidad descontrolada. Tenemos que construir nuestros protocolos y respetarlos en talleres, mercados, fábricas y oficinas. Pero por sobre todo tenemos que organizarnos para luchar por nuevas políticas que garanticen Salud, Agua para todas y todos, Trabajo, Educación, Democracia, Igualdad y Soberanía.

Para sacar adelante estas banderas, requerimos fortalecer nuestra unidad programática y orgánica.

POR ELLO, CONVOCAMOS AL III ENCUENTRO  DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LOS PUEBLOS A REALIZARSE EL 31 DE OCTUBRE 2020 A PARTIR DE LAS 10AM VÍA VIRTUAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES A NIVEL  NACIONAL QUE FORMAMOS.

En dicho encuentro debemos aprobar orientaciones tácticas que incluyan:

  • Consolidar a la ANP como instrumento de Poder Popular para la lucha organizada del pueblo en este nuevo escenario
  • El apoyo a los procesos organizativos en la sociedad para defender la vida y para garantizar la sobrevivencia de las poblaciones.
  • La movilización y lucha contra las políticas anti-populares del actual gobierno y contra los grupos de poder que utilizan la crisis y la emergencia para vulnerar derechos; exigiendo cambios según la plataforma acordada.
  • La articulación de las organizaciones sociales, populares y ciudadanas en los diversos territorios: Asambleas regionales, frentes de defensa, etc.
  • La definición frente al proceso electoral que levante una plataforma del pueblo peruano y llame a las fuerzas progresistas y populares a asumirla como el eje de sus propuestas de gobierno.

 Lima, 8 de octubre del 2020

          

GERÓNIMO LÓPEZ

Por el Comité Promotor de la ANP