CGTP LUCHANDO CONTRA LA PANDEMIA Y LA EXPLOTACIÓN NEOLIBERAL

El 18 de marzo, la Confederación General de Trabajadores del Perú se movilizó en las calles de todo el Perú en defensa de la salud y la vida, el pan y el trabajo, contra la crisis económica y el alza del costo de vida y en defensa del empleo digno.

Por: Gerónimo López Sevillano
Secretario General de la CGTP

La desigualdad, reconocida por todos los sectores sociales de nuestro país, tiene su origen en la división de clases sociales.

Las derechas no quieren reconocer la existencia de estas clases, porque no quieren reconocer que en nuestro país existe el enfrentamiento entre clases y, por lo tanto, estarían reconociendo la existencia de la LUCHA DE CLASES, el enfrentamiento, en defensa de sus intereses, de la clase burguesía, integrada por los banqueros, grandes empresarios, etc., y de la clase obrera, integrada por los obreros y la denominada “clase media” que, conforme avanza la crisis, se integran a los asalariados aún cuando tengan un título universitario, que defienden su derecho a una vida mejor y a un trabajo digno.

La burguesía, la derecha, incluso, ha acuñado un nuevo término para sus representantes en sus partidos políticos y en las instituciones de poder: “La clase política” que, en los hechos y en la vida práctica, son los representantes de sus intereses en los órganos de poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, gobiernos regionales, etc.). Les han dado la aureola de estar por sobre todas las clases sociales, pero en los hechos son los representantes de toda la corrupción que ha ensuciado la República desde el primer día de su vida independiente. Por eso debemos de tener siempre presente que, con honrosas excepciones, los congresistas, los ministros, los jueces, etc., defenderán siempre los intereses de la burguesía dominante en perjuicio de la clase obrera y de todos los trabajadores peruanos; incluso de burgueses que tienen el interés de desarrollar actividades industriales, productivas en el territorio nacional, pero que los burgueses ligados a los intereses de las grandes empresas transnacionales los destruyen autorizando importaciones subsidiadas por sus Estados, con el único objeto de acumular ganancias, de lucrar, y mantener al país sin ninguna clase de industria, salvo los servicios.

De ahí la importancia de elegir autoridades que tengan como programa el desarrollo nacional, en todos sus sentidos, no solo el denominado “crecimiento”.

El pasado 16 de marzo se cumplió un año de la precariedad, enfermedad y muerte, donde se han perdido más de cien mil vidas y millones de puestos de trabajo. Los ingresos de la mayoría de productores y trabajadores del campo y la ciudad han disminuido y la pobreza se ha duplicado en el país.

El año pasado, cientos de miles de niños y adolescentes abandonaron las aulas y en estos días hemos iniciado un nuevo año escolar en condiciones aún más precarias, porque le antecede un año de pandemia y con una nueva cepa más mortal del virus, con ausencia de vacunas y de personal sanitario.

Los tres gobiernos que se han sucedido en estos meses se han demostrado incapaces en el manejo de la grave crisis, por el contrario, han permitido e incluso alentado el desarrollo de prácticas mafiosas y corruptas, dejando que el mercado decida por la vida de las personas.

Por eso existen clínicas que cobran por adelantado 180,000 soles por cama UCI, que es el costo que deben pagar quienes no logran un cupo en un hospital público. La vida y la muerte son reglas del mercado en este sistema que acrecienta la indignación de los sobrevivientes.

Por eso, los trabajadores afiliados a la CGTP nos hemos movilizado durante toda la pandemia en 2020 y continuamos en pie de lucha este 2021, siendo el pasado 18 de marzo la más reciente Jornada Nacional de Lucha en defensa de la salud y vida, el pan y trabajo digno, pensiones justas y nueva Constitución Política, en la que participaron sindicatos, federaciones y confederaciones sectoriales en todo el país.

En Lima, los trabajadores de distintos sectores económicos tanto público como privado nos concentramos en la Plaza 2 de Mayo y marchamos a la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo donde fuimos recibidos por el ministro Javier Eduardo Palacios Gallegos, a quien presentamos la agenda laboral de la CGTP y exigimos solución mediante diálogo directo concluyendo en establecer reuniones bilaterales para abordar las reclamaciones presentadas, a partir del 26 de marzo. Dentro de las principales demandas que tienen que ver con la salud y la preservación de la vida de los trabajadores frente a la pandemia, se ha exigido la vacunación de los trabajadores que participan en la primera línea de batalla por la reactivación de la economía, ya que existe una alta tasa de contagios y muertes en el sector laboral. En horas de la tarde, junto a diversas delegaciones de trabajadores nos concentramos frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas para exigir el cumplimiento de la negociación colectiva en el sector público.

En ese sentido, saludamos a los trabajadores del sector público por la victoria lograda con la erradicación paulatina del régimen CAS, concretada con la dación de la Ley N° 31131, que elimina de forma progresiva el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público. Sin embargo, la lucha continúa, porque es el Ejecutivo, siempre complaciente con el poder fáctico, el que pretende establecer una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional para ir contra la voluntad del pueblo y el Congreso de la República.

Debemos continuar la lucha por la derogatoria del DU N° 0382020 que facilita la suspensión perfecta de labores con una simple declaración jurada sujeta a verificación posterior y al silencio administrativo positivo. También por la derogatoria de la Ley 31110 del régimen agrario, que acentúa la esclavitud y explotación de 600 mil trabajadores agrarios. La nueva Ley no solucionó el problema sociolaboral de este importante sector. Y la eliminación de los procesos de privatización de las empresas públicas, de los servicios básicos: Empresas de agua y Empresas estratégicas, derogando el D.L. N° 1280, D.S. N° 2142019-EF; así como la suspensión de la intervención de 28 empresas de agua por parte de OTASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Por ello, continuamos incansables, en pie de lucha y viendo en perspectiva histórica que continuaremos batallando con este y el próximo Gobierno, por la eliminación de la suspensión perfecta de labores, en defensa de la negociación colectiva, la reposición de miles de trabajadores despedidos, la dotación de recursos a Sunafil y una visión más humana del trabajo para que funcione en defensa de los trabajadores, y que el Ministerio de Trabajo deje de ser una mesa de partes del empresariado.

Al Gobierno de Sagasti, que nos endeudó por cien años, tan generoso con los empresarios, demandamos el bono universal de 1000 soles para personas mayores de 18 años, lo cual solo costará menos de la tercera parte de lo que significó el Reactiva Perú; esto debido a que los bonos actuales no llegan a todos los peruanos.

Adicionalmente, demandamos la “canasta básica de servicios esenciales”, que consiste en la exoneración del pago de las tarifas por el servicio de energía eléctrica, teléfono, internet y agua potable, durante la emergencia sanitaria. Planteamos se entregue una canasta de víveres a las familias más vulnerables de la ciudad y el campo, incluido a los comedores populares.  Exigimos que se adopten medidas urgentes para controlar el incremento de los precios del gas doméstico y artículos de primera necesidad que está afectando significativamente la economía de los ciudadanos.

El Perú necesita nuevos hospitales debidamente implementados en diversas regiones, incluido Lima, así como plantas de oxígeno medicinal y vacunas contra el covid-19 gratuitas para todos los peruanos.

En medio de esta crisis, ni siquiera los que tienen salarios y pensiones se salvan. Los 930 soles de la remuneración mínima vital no alcanzan para vivir, menos aquellas pensiones que no superan el monto del salario mínimo. Por eso demandamos el incremento efectivo de la remuneración mínima vital a S/ 1500 mensuales, de acuerdo con el costo real de la canasta familiar, e incremento de las pensiones de jubilación pública y privada a una remuneración mínima vital sin discriminación.

Es necesaria también la Ley de Negociación Colectiva para los trabajadores del sector público, para que el Ministerio de Economía y Finanzas no se entrometa, como lo hizo con las negociaciones de los periodos del 2020 y 2021, mandando a reiniciarlos al haberse derogado el DU-014-2020.

El MEF gobierna para los empresarios con el dinero de todos los peruanos. Ante ello, planteamos también la implementación de la negociación colectiva por rama de actividad para los trabajadores del sector privad, urgente en actividades como la agroindustria, minería, etc., como existe en construcción civil con resultados efectivos.

Es importante proteger el trabajo nacional, por eso deben adoptarse salvaguardas para proteger la industria textil y confecciones frente al ingreso de prendas importadas, que ha generado la pérdida de empleos y crecimiento de la informalidad en nuestro país.

En medio de este desastre, también hemos visto cómo funcionarios aprovecharon su posición privilegiada para vacunarse irregularmente. A ellos debe aplicársele la muerte civil en la función de la administración pública. Igualmente, sanción penal para los funcionarios de las empresas que han despedido a los dirigentes sindicales por haber reclamado y denunciado el cumplimiento de las normas sanitarias covid-19, entre ellos tenemos la cervecera Backus, Atento, Prosegur, Hermes y otros que están en proceso de liquidación como Lima Caucho y Yobel.

La corrupción no solo es cuestión de empresarios. También causa el repudio general y la traición a la patria de los miembros del Tribunal Constitucional que condonaron la deuda a Telefónica del Perú, una exorbitante suma de dinero ascendente a S/ 729 millones, con los votos de los magistrados: Ernesto Blume, José Luis Sardón, Carlos Ramos Núñez (mayoría), Ferrero Costa (con voto posterior) y Eloy Espinosa-Saldaña.

Finalmente, todo cambio inicia con un nuevo pacto social, el que debe sostenerse mediante una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución Política del Perú. Por ello, en este periodo electoral, es necesario un referéndum consultivo para la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, con el fin de que los peruanos puedan manifestar su voto por el cambio de la Carta Magna por un nuevo contrato social que beneficie a todos los peruanos.