Reactivación económica y derechos laborales

Por: Gerónimo López Sevillano
Secretario general de la CGTP

La crisis económica que golpea nuestro país es parte del proceso de descomposición del sistema capitalista, que aparece en períodos cada vez más cortos y cada vez más destructores de las fuerzas productivas.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha impulsado el desarrollo de las fuerzas productivas; pero las relaciones productivas del sistema capitalista de producción actúan como una camisa de fuerza e impiden que el beneficio de ese desarrollo alcance a toda la población, el planeta y el país; concentrándose cada vez en menos manos, acumulando cada vez más riqueza, mientras que la mayoría de la población del planeta se hunde en el hambre, la miseria, la ignorancia y la desigualdad.

El fin de las crisis económicas periódicas será el inicio del fin del sistema capitalista de producción y el inicio de una nueva sociedad, más justa, más igualitaria y sin explotación, del sistema socialista de producción.

La burguesía, dominante en nuestro país, siempre fue una burguesía parasitaria, desde su formación como clase social durante el período del guano y del salitre, con José Rufino Echenique como presidente de la República (1851-1859), siendo autor del pago de la “deuda” del Estado con los presuntos acreedores peruanos y extranjeros denominada pomposamente “consolidación de la deuda”, que constituyó el más grande robo a la caja fiscal en la historia del Estado peruano. Ese fue el inicio de la burguesía peruana: se inventó una deuda que el Estado pagó con creces con fondos provenientes de la venta del guano y del salitre. Las nuevas fortunas burguesas nacieron con aroma a heces y a la sombra de un asalto al erario nacional. Pero no invirtieron en industria, educación, infraestructura vial, salud, etc. Invirtieron en comercio, servicios, y finanzas, etc.; esto es, en el robo solapado de legalidad, en la especulación. Nunca se aventuró a desarrollar una industria que pusiera las bases del desarrollo económico nacional. Y cuando lo hizo, al menor conflicto político o social, su primera reacción ha sido, y es, sacar sus capitales del territorio nacional a bancos extranjeros, principalmente norteamericanos; como se ve en estos momentos en que asume el poder del Estado un partido político de izquierda, Perú Libre, y un presidente de la República provinciano, campesino, de profesión profesor, Pedro Castillo: desde la primera vuelta empezaron a descapitalizar el país, llevando sus fondos a bancos extranjeros, principalmente norteamericanos, los que no aceptan abrir una cuenta con menos de un millón de dólares. La bandera de la especulación se impuso en la economía nacional. Nunca se arriesgó ni apostó por el desarrollo nacional, salvo honrosas excepciones.

La respuesta de los Gobiernos de la burguesía a la crisis económica siempre tuvo por objeto proteger al capital, a costa de los intereses del país y de los derechos de los trabajadores: la reducción de los costos laborales, no salariales, ha sido, y es, la bandera de la burguesía capitalista, sus gremios empresariales y los gobiernos que representaban y defendían sus intereses. Esto significa reducir los salarios del obrero, de los trabajadores, para que el capital continúe engrosándose. Esto significa sostener la crisis económica sobre los hombros del trabajador.

Los medios de comunicación, en su conjunto, los gremios de los empresarios y los voceros de los partidos políticos de derecha manifiestan que la pandemia del COVID-19 es la causante de la crisis económica por la que atravesamos y el mal manejo del Estado es su resultado; por lo que son los privados los llamados a sacar al país de esta situación.

Sin embargo, la crisis económica venía arrastrándose desde la crisis económica de 2008, la que nunca fue superada por el Estado peruano ni por otros Estados de la región. Hacia el año 2019 se iniciaba un nuevo período de crisis económica mundial que afectó directamente a la economía nacional, que aún no salía de la de 2008. La pandemia del COVID-19, que se declaró en marzo de 2020 sacó a la luz todas las miserias acumuladas y legalizadas por la Constitución Política de 1993: la privatización de los derechos como la seguridad alimentaria, el agua, la salud, la educación, etc., cuyos servicios colapsaron. Pero ese colapso se debió a la crisis económica capitalista acumulada y acelerada por los efectos de la pandemia y al hecho de que la Constitución prohíbe al Estado, en forma expresa, invertir en el desarrollo de los derechos ya mencionados (segundo párrafo del Art. 60° de la Constitución de 1993).

El primer acto que hizo el gobierno del Sr. Vizcarra, en marzo de 2020, fue confinar a la población, prohibir la circulación, cerrar la producción; conociendo que el ciudadano que vive del día a día no puede confinarse, porque debe de escoger entre la enfermedad y el hambre. Se persiguió al trabajador ambulante, se le decomisó su mercadería y al que protestó se detuvo y procesó. Se condenó al trabajador con relación laboral al cese colectivo, a la suspensión perfecta de labores, a la imposibilidad de ejercer los derechos laborales declarados en la Constitución; se le impidió ejercer los derechos constitucionales de libertad de reunión y de expresión mediante la declaración del estado de emergencia en todo el territorio nacional. En otras palabras, en los hechos, se obligó al trabajador “formal” a convertirse en trabajador “informal”, para perseguirlo como infractor del orden público.

El segundo acto del precitado gobierno fue otorgarle un crédito de 60 mil millones de soles, con una tasa de interés de un máximo de 1.5% y con dos años de gracia, a través del programa Reactiva Perú, a los empresarios; utilizando los servicios de la banca privada: el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas entregaron dicha suma de dinero a los bancos privados para que estos la distribuyan entre sus principales clientes con la garantía del Estado; lo que significa que si los empresarios no pagan el crédito, el Estado lo asumirá porque es el garante. Los bancos entregaron este crédito a las grandes empresas nacionales y transnacionales y algunas medianas empresas. El objetivo de este crédito, a decir del Gobierno de Vizcarra y los gremios empresariales, era impedir la cesación de pagos, para que “la economía no se paralice”. No se entregó un solo centavo a las micro- y pequeñas empresas, que son las que más trabajadores emplean en el proceso productivo y las que, en efecto, se vieron obligadas a cerrar. Muchas de las empresas que recibieron este crédito despidieron trabajadores por cese colectivo o suspendieron a sus trabajadores sin goce de haber, no pagaron sus obligaciones y cesaron sus operaciones, para concluir pidiendo que se extendiera el período de gracia por un año más.

En conclusión, la crisis económica ha sido agravada por actos de los gobiernos que representan a los intereses de la burguesía y de las transnacionales.

La reactivación económica en este momento histórico, teniendo en cuenta que la crisis económica mundial continúa y tiende a profundizarse, tiene como primer actor al Estado.

El sector privado no arriesgará sus capitales, mientras no tenga la convicción de que no los va a perder y que tendrá jugosos dividendos.

El programa de gobierno del presidente Castillo establece, para este momento crítico, la creación de puestos de trabajo temporales, que serán administrados por los gobiernos municipales y regionales. No son empleos productivos, son empleos de servicios y, como su nombre lo dice: “temporales”. Los trabajadores así empleados accederán al Seguro Integral de Salud (SIS), pero no al seguro social; no podrán nunca tener contrato de trabajo permanente debido a que el puesto de trabajo es temporal, por lo que no podrán ejercer los derechos laborales constitucionales de libre sindicación, negociación colectiva, huelga; etc. Estos puestos de trabajo temporal son una necesidad social, para poder impulsar la economía y para que la miseria económica se atenúe. Es una atenuación temporal de una tragedia social, pero no es la solución.

El programa de gobierno del presidente Pedro Castillo no contiene ninguna referencia al movimiento sindical organizado, salvo generalidades.

El movimiento sindical organizado representa a los trabajadores cuya fuerza de trabajo garantiza la producción económica nacional y es el sustento del cambio que requiere la nación. Su lucha, no solo por la conquista de sus derechos laborales, sino por la defensa de la soberanía nacional, de las riquezas naturales, por el desarrollo nacional, contra la desigualdad, etc., lo ha puesto a la cabeza de la lucha social en nuestro país. El objetivo de la burguesía y de los gremios empresariales ha sido destruir el movimiento sindical, reducirlo a su mínima expresión y desaparecerlo. Hoy mismo, dicen, abiertamente, que los sindicatos no representan a los trabajadores debido a que sólo agrupan a un porcentaje mínimo de la población económicamente activa. Lo que no dicen es que esa representación reducida se debe a la vigencia de la Constitución de 1993 y a la supresión del contrato colectivo de trabajo por la Constitución de 1979, que impuso el contrato mercantil en las relaciones de trabajo, también llamado “Contrato de trabajo a tiempo determinado”.

El día 11 de agosto de 2021, en la página 13 del diario Gestión, bajo el título “SNI plantea que se mantengan contratos temporales en el sector textil para crear empleo”, el presidente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, manifiesta que para poder aumentar las exportaciones textiles y de confecciones se debe mantener el régimen actual de contratación temporal de trabajadores y, textualmente, dice: “En el sector el tema laboral es crítico, porque hay temporadas en que se necesita más mano de obra para cubrir una mayor producción, que en otras; y si nos quitan esos contratos, habría una estabilidad laboral absoluta que no podríamos mantener”. Debemos interpretar lo expresado por este representante de los empresarios textiles, que el contrato de trabajo a tiempo determinado, o contratos de trabajo temporales, significa la inexistencia de las organizaciones sindicales, de la negociación colectiva, del derecho de huelga y salarios dignos en el sector textil de la SNI.

Contrario sensu, el contrato de trabajo a tiempo indeterminado es un derecho que debe ser restituido al trabajador, para que pueda ejercer los derechos laborales que le otorga la Constitución. Restitución que puede hacerse mediante un dispositivo legal, dentro de los límites que establece la actual Constitución.

La reactivación económica debe tener como sustento no solo garantizar que los empresarios vuelvan a producir invirtiendo en el país con ganancias moderadas, sino, también, limitar, legalmente, el uso de los contratos de trabajo a tiempo determinado, de los contratos civiles de servicios, de los contratos de tercerización; derogar el cese colectivo y la suspensión perfecta de labores. Esos actos de gobierno deberán ser los primeros actos de gobierno en materia laboral del presidente Castillo; debiendo tener en cuenta que muchos deberán pasar por el Congreso de la República, hoy controlado por una derecha ultrarreaccionaria. Por lo que la batalla en las calles deberá ser encabezada por la clase obrera y por los trabajadores en general, dentro de la gran batalla social por el cambio.

12 de agosto de 2021